"De 1-O a 1-O: Los doce meses del choque". Jaume Pi, La Vanguardia, 01/10/18.
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El año que hoy se cumple del 1-O es el del choque total en el proceso soberanista. En esa fecha crucial, el Govern de Carles Puigdemont impulsa un referéndum independentista, ilegalizado por el Estado, y la policía lo reprime con dureza. A pesar de ello, se vota y a partir de ahí, llega el caos.
Los doce meses que siguen representan la etapa de mayores turbulencias de la política catalana en democracia: simbólica o no, se declara una independencia, se interviene la autonomía, líderes políticos van a la cárcel, elecciones con hipermovilización, un ex president que vive un extraño periplo internacional, guerra simbólica en la calle, y el Parlament que queda inoperativo la mayor parte del año. Nada menos.
A finales de mayo, se abre una nueva etapa: los gobiernos de Pedro Sánchez y Quim Torra traen algo de sosiego aunque el conflicto catalán sigue irresuelto. Y todo parece indicar que va para largo. Ahora que parece que la tensión se ha trasladado a Madrid, los vaivenes pueden regresar a Barcelona en cualquier momento.
Octubre. La colisión
El mes comienza con un referéndum histórico. 2,2 millones de catalanes van a votar sobre la independencia entre duras cargas policiales que dan la vuelta al mundo. Los días siguientes inauguran una tensión sin precedentes. Aún en estado de shock, el 3 de octubre, Catalunya vive un parón total en protesta por la violencia del día 1, y el Rey felipe VI sale en defensa de la Constitución en una intervención televisiva que recuerda a la de su padre del 23-F. Es una crisis de Estado.
Las bolsas caen y grandes empresas trasladan sus sedes fuera de Catalunya. El Govern y el bloque independentista dudan sobre qué hacer: implementar los resultados del referéndum e impulsar una DUI o convocar elecciones. El día 10, Puigdemont opta por ganar tiempo y, en el Parlament, amaga con declarar la independencia pero a los tres segundos la suspende.
El día 16, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela decreta prisión para los activistas independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart acusados de sedición (después será rebelión). Es el primero de los encarcelamientos del procés. En paralelo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comienza a amagar con la intervención del autogobierno catalán aplicando el artículo 155 de la Constitución. Son días de enormes presiones entre bastidores, sobre todo en Palau.
La advertencia no surge efecto y el 27-O el bloque independentista aprueba, tras diferencias internas, una declaración independentista. Esa misma noche, Rajoy interviene la Generalitat, cesa al Govern en pleno y convoca elecciones catalanas para el 21-D. Puigdemont se refugia en Bruselas y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría toma las riendas de la Generalitat.
Noviembre. Intervención y cárcel.
El mes arranca con el inicio del proceso judicial contra el Govern. El president cesado decide quedarse en la capital belga, mientras la mayoría de sus consellers, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras permanecen en Catalunya. A principios de mes, los miembros del Govern cesado declaran ante la Audiencia Nacional y ocho de ellos acaban en la cárcel acusados de rebelión. Son el propio Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Dolors Bassa y Carles Mundó. Solo dos (Borràs y Mundó) están libres a día de hoy.
Los dirigentes del procés se juegan más de 20 años de cárcel. La decisión de la justicia española solivianta al independentismo, que convoca una segunda huelga general para el 8 de noviembre, y una gran manifestación el 11. La tensión en la calle se mantiene y se consolidan los CDR, comités que habían nacido el 1-O.
En paralelo, los partidos independentistas asumen que deben ir a elecciones. ERC y PDeCAT irán por separado, aunque acabarán pactando unos mínimos programáticos. Liberado por un juez belga, Puigdemont organiza a su alrededor una candidatura que pronto se llamará Junts per Catalunya. Su segundo a bordo será Jordi Sànchez. De hecho, la mayoría de encarcelados y “exiliados” concurrirán en las primeras plazas de las listas de junteros y republicanos.
Noviembre cierra con aires de precampaña y con un cambio importante en la vertiente jurídica: el caso del 1-O pasa al Tribunal Supremo. A partir de ahora lo va a instruir un nuevo actor clave en esta historia: el juez Pablo Llarena .
Diciembre. Urnas otra vez.
El 155 sigue su curso. El Gobierno de Rajoy desmonta las embajadas catalanas. Diciembre empieza con peticiones de libertad para que los ex consellers puedan participar en las elecciones: Llarena accede en el caso de Romeva, Bassa, Turull, Mundó y Borràs pero mantiene la prisión para Junqueras, Forn y los Jordis.
El día 5, el juez decide retirar la euroorden contra Puigdemont al temer que solo se le extradite por malversación. El juez belga no ve razones para el procesamiento por rebelión. El día 7, más de 40.000 catalanes viajan a Bruselas para dar apoyo al ex president y protestar ante la UE por el caso catalán.
La campaña electoral arranca condicionada por la justicia. El Tribunal Supremo prohíbe a los presos su participación. En medio de una gran tensión, la campaña está marcada por la igualdad en las encuestas entre JxCat y ERC. El día de las elecciones, Ciutadans obtiene una victoria histórica. Sin embargo, también es amarga para los de Albert Rivera y Inés Arrimadas: el bloque independentista suma 70 diputados y renueva su mayoría en el Parlament.
Las elecciones parecen poner fin al periodo de turbulencias. Pero nada más lejos de la realidad. La situación procesal de los diputados líderes de los partidos independentistas –los únicos que pueden formar Govern– complicará a partir de ahora la vuelta a la normalidad. Para tratar de forzar el retorno de Puigdemont, Rajoy decide el día 30 de diciembre convocar la sesión constitutiva del Parlament. Las dificultades para la configuración de un nuevo ejecutivo marcarán el próximo semestre.
Enero. La investidura fallida.
Arranca 2018 y el debate político catalán se centra en si va a volver o no Puigdemont, algo que el propio ex president prometió durante la campaña. En plena negociación JxCat-ERC, Artur Mas deja la presidencia del PDeCAT, con lo que se va de la primera línea política uno de los grandes actores del procés.
Mientras, el independentismo acuerda investir Puigdemont pero no se pone de acuerdo en cómo. El expresident quiere que sea a distancia. El día 11, Llarena acepta que los presos, a los que sigue denegando la libertad, puedan delegar el voto en el Parlament. Y dos días después de la condena a CDC por el caso Palau , el día 17 se constituye el Parlament. Los dos partidos independentistas pactan que Roger Torrent sea elegido el nuevo presidente de la cámara .
El día 22, Puigdemont aprovecha su libertad de movimientos fuera de España y viaja a Dinamarca a pronunciar una conferencia. En este juego del gato y el ratón, Llarena evita pedir la extradición otra vez. El mismo día, Torrent propone al expresident como candidato a la Presidència.
A partir de ahí, los acontecimientos se aceleran. Crecen los rumores de que Puigdemont volverá en secreto y palabras como desobediencia vuelven a sonar con fuerza. Rajoy blinda las fronteras por si acaso y se conjura para que el líder de JxCat no sea investido. Reunido de urgencia un sábado, el Tribunal Constitucional prohibe, en una controvertida decisión, la investidura de Puigdemont, prevista para el siguiente martes 30. Toda la presión se traslada entonces a Torrent, que debe decidir si mantiene el pleno.
Finalmente, en la fecha señalada, el presidente del Parlament decide suspender la investidura. Se producen disturbios frente a la cámara catalana, en el parque de la Ciutadella. Las tensiones entre JxCat y ERC afloran. Enero acaba con un SMS impactante captado y publicado por un medio de comunicación: Puigdemont se ve “sacrificado” por los suyos y así se lo comunica al ex conseller Toni Comín , uno de los que le ha acompañado en su periplo en Bruselas.
Febrero. El desgobierno.
Febrero comienza como acabó enero, con JxCat y ERC con las espadas en alto pero condenados a entenderse si no quieren más elecciones y más 155. Los republicanos presionan para que Puigdemont dé un paso al lado y comienzan a aparecer nombres alternativos (Jordi Sànchez, Junqueras...). El expresidente mantiene su agenda y alquila una gran casa en la localidad belga de Waterloo que convierte en la sede “de la presidencia de la república”.
El Parlament es un caos. Partidos y letrados de la cámara no se ponen de acuerdo en la viabilidad de las distintas opciones que esgrimen los independentistas para desbloquear la situación: reforma del reglamento, reformas de la ley de Presidencia... Y mientras tanto en Madrid, la guerra entre PP y Ciudadanos cobra una nueva dimensión. Los naranjas suben en las encuestas.
A mediados de mes, el Ejecutivo de Rajoy lanza una ofensiva para introducir más horas de castellano en las aulas catalanas. Las medidas no llegan a puerto alguno pero los independentistas lo interpretan como una nueva presión para acelerar la investidura. Se suceden además nuevas citaciones para los líderes del procés: Llarena imputa a Mas, la republicana Marta Rovira y la cupera Anna Gabriel, entre otros. Ésta última decide “exiliarse” a Suiza.
El mes finaliza con dos episodios que levantan acta del nerviosismo que se ha apoderado de la política catalana. El día 23, la cúpula judicial catalana decide plantar a Torrent en un acto celebrado en el Col·legi d’Advocats de Barcelona después de que éste denunciara la existencia de “presos políticos”. Días después, Torrent decide plantar al Rey en la inauguración del Mobile World Congress.
Marzo. Alemania entra en juego.
Nuevas aceleraciones tendrán lugar en marzo. El día 1, Puigdemont concede un gesto para facilitar la gobernabilidad: da un paso al lado para ceder la candidatura a su número dos, Jordi Sànchez . Hay acuerdo entre JxCat y ERC pero ahora el escollo es la CUP, que mantiene que debe restituirse el Govern cesado. Pese a los esfuerzos, la operación Sànchez falla: Llarena prohíbe al expresidente de la ANC salir de prisión y veta de facto la investidura.
Tras Sànchez, el plan C es Turull. Las alarmas se disparan en Madrid y el Estado se conjura para evitar que el presidente de la Generalitat pueda ser una figura procesada por rebelión. Torrent trata de adelantarse y convoca un pleno de investidura de forma exprés. Al mismo tiempo, el Supremo acelera el procesamiento del exconseller de Presidència.
Serán los días más tristes para Turull. El 22 de marzo, el diputado de JxCat comparece ante el Parlament para tratar de salir investido, pero no lo logra. Al día siguiente, comparece ante el juez del Supremo, que envía a prisión al aún candidato junto a Rull, Romeva, Forcadell y Bassa . Marta Rovira sigue los pasos de Puigdemont y decide abandonar a España y buscar refugio en Suiza.
Pero si este episodio resultó estresante, el que vino fue un giro inesperado de guión. El día 25, Carles Puigdemont es detenido en Alemania al cruzar la frontera danesa gracias a los avisos de la inteligencia española. El juez alemán decide encarcelar a Puigdemont en Neumünster y las protestas independentistas en Catalunya vuelven a las primeras páginas de los periódicos. El Gobierno de Rajoy es prudente ante los medios pero no esconde en privado que la detención puede ser un éxito para sus objetivos.
Abril. Liberado.
La tensión en las calles va en aumento al mismo ritmo que la situación política se mantiene bloqueada. El encarcelamiento de Puigdemont da más motivos de desasosiego. Los CDR levantan barreras de los peajes y los Mossos prevén más protestas para lo que queda de primavera.
Sin embargo, el día 5, el independentismo vive una jornada alegre: los jueces de Schleswig-Holstein, haciendo caso omiso a la petición de España y de la fiscalía alemana, deciden liberar a Puigdemont y descartan la extradición por un delito de rebelión . Casi al mismo tiempo, los belgas liberan sin fianza a los ex consellers Comín, Serret y Puig. El independentismo vive estas decisiones como un triunfo, tanto como la justicia española y el Gobierno lo consideran un duro golpe.
Puigdemont se siente reforzado pero ahora los partidos independentistas han vuelto al plan B: Jordi Sànchez. El día 12, el cuarto intento de investir president vuelve a quedar en nada. El motivo no es nuevo: el juez rechaza la excarcelación del número dos de JxCat e imposibilita su elección. A finales de abril, el TC cerrará definitivamente la puerta a cualquier investidura a distancia.
El mes estará marcado en España por la crisis desatada por el caso de los másteres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Se abrirá un periodo de inestabilidad en Madrid que pronto traerá importantes consecuencias.
Mayo. De pronto, Torra.
La política catalana entra a principios de mayo en una fase de cierto adormecimiento. El bloqueo se mantiene. Un Puigdemont reforzado insiste en ser investido a distancia pese a las prohibiciones del TC. Pero en Barcelona, los planes de los partidos independentistas son distintos y pronto se impone la opción práctica. El día 10 de mayo, Puigdemont desbloquea la situación y elige al ex presidente de Òmnium Cultural y diputado de JxCat, Quim Torra, como presidente “en el interior”. El ex president se reserva para él un liderazgo a distancia. Sin problemas con la justicia, Torra resulta investido el día 14.
Solo un día después, Torra visita a Puigdemont en Bruselas y confirma su apoyo a la suerte de gobernación bicéfala que ha diseñado su predecesor. Poco después, el nuevo presidente confirma su voluntad de continuidad respecto al Govern cesado y nombra consellers a los presos Turull y Rull, y a los ‘exiliados’ Puig y Comín. La decisión de Torra enfada al Gobierno, que se niega a levantar el 155.
Pero mayo no es el mejor mes para Rajoy. El día 22, Alemania confirma que rechaza los cargos de rebelión y sedición contra Puigdemont, y solo dos días después tiene lugar una noticia que cambiará la política española: el PP es condenado a título lucrativo por el caso Gürtel. La financiación irregular del partido conservador queda acreditada y se abre la puerta a una moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez. De golpe y porrazo, la política en España da un giro copérnicano. Aprovechando el desconcierto, Torra designa nuevos consellers en substitución de los vetados por Rajoy.
Junio. La nueva etapa.
Catalunya y España se despiertan en junio en una nueva etapa. Pedro Sánchez es el nuevo presidente del Gobierno, Rajoy deja la política y el recién designado presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya ha nombrado a los nuevos consellers. Catalunya pasa página a la anómala etapa del 155 y las instituciones vuelven a ser gobernadas por partidos elegidos en las urnas.
La nueva etapa también es de gestos. Pedro Sánchez apuesta por la distensión y por tratar de buscar acuerdos con el independentismo catalán, quien le ha ayudado en su irrupción hacia la Moncloa. La línea roja es la autodeterminación. Por su parte, Torra mantiene que quiere “construir república” y que no renuncia al legado del 1-O pero también acepta hablar con el Ejecutivo español.
Uno de los primeros gestos del Govern es reactivar la diplomacia catalana que quedó desmantelada con el 155, medida que no gusta -aunque acepta– al recién nombrado ministro de Exteriores, Josep Borrell. A mediados de mes, y en el marco de gestos, se comienza a hablar sobre un posible acercamiento de los presos a cárceles catalanas y de una reunión entre Sánchez y Torra para comenzar a limar asperezas. El día 22, Torra coincide con el Rey en la inauguración de los Juegos Mediterráneos y, aunque unos días después, se produce un agrio choque dialéctico en Washington entre el president y el embajador español Pedro Morenés, se empiezan a vislumbrar cierta voluntad de aproximación.
Julio. El acercamiento.
Ya en plena canícula, el acercamiento se materializa. El día 3 de julio, y por orden del ministerio del Interior, son trasladados Junqueras, Romeva, Bassa, Forcadell y los Jordis de Madrid a prisiones catalanas. Al mismo tiempo, los dos gobiernos se preparan para el encuentro que deben mantener próximamente Sánchez y Torra en el Palacio de la Moncloa.
El día 9 se lleva a cabo la esperada reunión. En lo simbólico, ambos gobernantes demuestran sintonía. Pero sobre el contenido, el desacuerdo sigue siendo absoluto. A pesar de ello, ambos se emplazan a un segundo encuentro en otoño en Barcelona e impulsan recuperar la comisión bilateral Estado-Generalitat.
Pero el día 10 tiene lugar un hecho que marcará la política en el Parlament, recientemente reactivado tras la formación de Govern. Llarena cierra la instrucción del caso del 1-O y aplicando de forma algo discutida el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, suspende a Puigdemont y a otros cinco diputados de sus funciones en el Parlament.
Aunque el Supremo abre una vía para que los diputados suspendidos sean relevados, JxCat y ERC no se ponen de acuerdo en cómo proceder. Puigdemont quiere mantener su escaño y, sin consenso y entre críticas a Llarena por injerencias al poder legislativo, los dos partidos deciden suspender la actividad parlamentaria hasta después de vacaciones. A finales de mes, Alemania cierra definitivamente el caso de un Puigdemont que ahora se centra en Catalunya en configurar un nuevo movimiento independentista, la Crida Nacional.
Agosto. La guerra de los lazos.
Aunque muchos están de vacaciones, el choque político no descansa. Es cierto que el ambiente general es más calmado. Sin embargo, en agosto toma protagonismo una guerra simbólica que ya había resultado cruda en los meses anteriores. Ciutadans lanza una agresiva campaña alentando a que se quiten los lazos amarillos que colocan en las instituciones y en las calles los políticos y activistas independentistas, y se producen episodios conflictivos.
El punto álgido de la guerra tendrá lugar a finales de mes: el día 29, Rivera y Arrimadas se implican personalmente en la tarea de quitar lazos, gesto considerado provocativo por el independentismo, y esa misma tarde, en una manifestación convocada por el propio partido naranja, se produce una agresión a un cámara de Telemadrid al que confunden como cámara de TV3.
También resulta tenso el primer aniversario de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. Los actos de homenaje a las víctimas quedan empañados por la situación política. Las banderas de España inundan el acto en Barcelona, al que asiste al Rey, y el independentismo celebra otro acto por la tarde frente a la cárcel de Lledoners, donde están la mayoría de los presos. Las declaraciones de Torra, que llama por “atacar” el Estado en alusión al proceso judicial contra los presos, suscitan duras críticas también por parte del Gobierno socialista.
En Bruselas, un Puigdemont con las manos libres contraataca. Su demanda ante la justicia belga contra Llarena causa problemas en Madrid. Tras críticas en el Poder Judicial, el Ejecutivo socialista accede a pagar la defensa del magistrado ante las autoridades belgas. Por su lado, el renovado PP de Pablo Casado –que fue elegido en las primarias de julio– y Cs se enzarzan en una pugna para ser el partido hegemónico en la derecha. Y, en Barcelona, siguen los roces entre JxCat y ERC sobre la estrategia a seguir en el nuevo curso. Se rumorea que el otoño que viene volverá a ser caliente.
Septiembre. Entre incógnitas y conmemoraciones.
El nuevo curso político catalán arranca con el Parlament paralizado. Sigue sin haber pacto por la situación de los diputados suspendidos por Llarena y los partidos de la oposición (Cs, PSC y PP) mantienen la presión para que se retome la actividad. A finales de mes, JxCat y ERC acuerdan una fórmula de sustitución de los diputados pero el escollo sigue irresuelto.
Torra trata, no obstante, de intentar afianzarse. Al arranque del mes, presenta un plan de Govern en una conferencia en la que, aunque en general modera el tono, también aboga por la “movilización permanente”. El día 6, Gobierno y Govern llegan a un acuerdo para tratar de destensar la calle tras un agosto recalentado.
Septiembre inaugura además la temporada de conmemoraciones de los independentistas de las grandes fechas del procés. Comienza con la Diada, una vez más una gran demostración de capacidad de movilización. Sigue el día 20 con la reivindicación de la protesta frente a la Conselleria d’Economia del año anterior. Ambos actos demuestran que, pese a los vaivenes del último año, el independentismo mantiene su fuerza en la calle.
El otoño comienza con todo en el aire. Sánchez necesita los votos de los independentistas para aprobar los presupuestos, pero las discrepancias amenazan la estabilidad y el adelanto electoral en España puede estar al caer. Curiosamente, en Catalunya puede ocurrir lo mismo: la falta de acuerdo sobre la parálisis en el Parlament, así como las divisiones entre JxCat, ERC y CUP, también puede abocar a unos nuevos comicios. La reciente carga de Mossos contra una manifestación de la izquierda independentista contribuye más a este escenario.
Pese a los gestos de distensión –este mismo septiembre se ha acordado la transferencia de unos 1.500 millones reclamados por la Generalitat–, el diálogo podría verse trucando más pronto que tarde. La situación judicial de los políticos que impulsaron el 1-O resulta además una losa difícil de superar.