"Transparencia frente a la corrupción" El País, 20/03/09.

Los partidos políticos son irreemplazables en una democracia. Pero tienen gérmenes que pueden poner en peligro la salud del sistema. Deben combatirse con listas abiertas, limitación de mandatos y cuentas claras.

Jorge M. Reverte es periodista y escritor, y Agapito Ramos, abogado.

Parece indiscutible un hecho: la mejor garantía para que un sistema democrático funcione en estos tiempos reside en la existencia de los partidos políticos. El engranaje de la democracia no ha encontrado mejor herramienta que esas agrupaciones de personas que se mueven en la política para proponer fórmulas diversas de administrar la cosa pública, con la referencia de su ideología y sus propuestas concretas, ligadas a momentos concretos.

Pero ese reconocimiento no significa, en absoluto, que se pueda admitir la arbitrariedad cuando falta el debido control sobre las estructuras partidarias, que pueden actuar en muchos casos como agrupaciones de intereses oligárquicos, incluso con matices corporativos, que conducen a corrupciones, a ventajismos y a una acumulación de poder que pueden llegar a poner en juego la propia salud de la democracia.

Es la corrupción la que ahora nos preocupa. Ni siquiera la corrupción de los partidos, sino la que se genera en torno a ellos. Nos podemos situar en la posición más caritativa y decir que los partidos políticos en España no son estructuras que admitan mecanismos de corrupción en su seno. Pero los partidos, que siguen teniendo el apoyo electoral suficiente para que el sistema democrático funcione en nuestro país, tienen sin embargo gérmenes en su interior que pueden desarrollarse y fomentar la corrupción y la desafección. Veamos algunos problemas todavía sin resolver de los partidos españoles.

Las listas electorales las hacen los partidos eligiendo, según el criterio del aparato, quiénes las componen. Los argumentos por los que se elige a unos y no a otros no suelen tener nada que ver ni con la representatividad social, ni con la formación, sino con el dedo de quien manda. Vemos de candidatos a alcaldes, diputados autonómicos, nacionales, a personas que es dudoso que pudiesen serlo si hubiesen tenido que ser elegidas democráticamente con criterios de mérito y capacidad. Porque se ha ido cambiando poco a poco el criterio racional y jurídico impuesto en casi toda la Europa democrática por el cual la legitimidad del elegido la da el electorado, y se va imponiendo el de que la legitimidad la da el partido que lo designa. Por lo que tanto la discusión interna como las diferencias ideológicas tienden a desaparecer. Todos acabamos diciendo amén a quien nos paga. O no diciendo nada durante años y apretando el botón del voto en el Parlamento cuando lo ordena el jefe del grupo.

Los partidos se van transformando en grandes empresas, donde conviene entrar y aprender a servir a quien corresponde para prosperar en su momento. Vemos cómo muchos militantes entran en las nóminas de los partidos (Juventudes Socialistas, Nuevas Generaciones, etcétera) desde jovencitos y a partir de ahí van trepando en el peor sentido de la palabra. Sin tener que estudiar ninguna carrera, ni aprender idiomas, ni saber recitar dos líneas sin leer una chuleta. Cuando la política se ha transformado en una profesión facilona, ejercida a través de los partidos, es muy duro marcharse, porque fuera de la política no se tiene oficio ni por tanto beneficio. Cualquiera que esté en esa situación mata por permanecer en el aparato.

Para evitar esta perversión, habría que introducir factores en las elaboraciones de las listas por los cuales el candidato elegido lo fuese por sí mismo con nombres y apellidos. Es el viejo debate entre listas abiertas y cerradas que cada vez se hace más urgente en nuestro país.
Ligado a lo anterior está la limitación de los mandatos. Es curioso observar cómo todos los ciudadanos y políticos de un signo u otro han criticado por antidemocrático el intento de Hugo Chávez de perpetuarse en el poder liquidando el límite del tiempo en su mandato presidencial. Pero nadie sugiere ni por asomo, que no estaría mal que en España se pusiese ese límite, lo que sería bueno para la alternancia, algo muy importante en el juego democrático.

La corrupción no es un fenómeno nuevo. Desde que existe la política, existe la corrupción política. Vivimos en un país en que los funcionarios, salvo raras excepciones que pocas veces han tenido entidad y significado, son decentes. En cambio, de vez en cuando nos salpican con gran repercusión mediática los escándalos de corrupciones políticas. Si creemos que la corrupción existirá siempre, pues siempre habrá gente dispuesta a dar y otra gente a recibir en interés propio, el núcleo del asunto es si la corrupción política es significativa o no. Y en España es preocupante. Eso ha estado, hasta ahora, ligado a las necesidades de ingresos extraordinarios de los partidos.

¿De qué viven los partidos? Javier Pradera lo resumía hace unas semanas en este periódico. De subvenciones por gastos electorales a todos los niveles, local, autonómico, nacional y europeo. De subvenciones anuales tendentes a financiar la actividad ordinaria. De subvenciones a grupos parlamentarios que financian los gastos de los partidos en las cámaras legislativas. De aportaciones privadas que tienen un límite. Y, cada vez menos, de aportaciones de los militantes.
La suma de todos esos ingresos es muy importante. Y nunca hemos escuchado decir a ningún representante de partidos políticos que las cantidades que perciben sean insuficientes. Como tampoco hemos conseguido que nos detallen, exactamente y con transparencia, todas sus fuentes de financiación.

Si la cantidad es suficiente, la posición de los partidos ante la corrupción debería ser de una claridad meridiana; y si no lo es, deberían explicarlo y pedir más dinero, porque los partidos son absolutamente necesarios en un sistema democrático. Y año tras año vemos cómo los partidos políticos gastan más de lo que recaudan, que no es poco. Y no entran en quiebra. ¿Por qué? Porque los Parlamentos lo permiten, y porque los bancos lo consienten. De cuando en cuando, hasta les condonan sus deudas. Los partidos se han convertido en estructuras que devoran recursos sin cuento, lo que favorece que existan corrupciones, sobre todo en los ámbitos locales, en los que es más fácil confundir el interés personal con el político.

Lo peor es que casi todos los partidos democráticos participan, cómplices entre ellos, del implícito acuerdo de no cuestionar sus sistemas de funcionamiento. Y, como apéndices de esas estructuras, los parlamentarios fijan sus propios emolumentos, sus dietas de viaje y comida, y hasta sus planes de pensiones, algunos tan escandalosos como los que disfrutan los parlamentarios europeos, que alcanzan además el derecho a la pensión máxima con tres años de dedicación mientras un trabajador normal necesita 35.

Los partidos son estructuras sin alma. Son edificios. Unos edificios habitados por gentes que pueden tener en origen un encomiable afán de servicio público, pero cuyos intereses son los de profesionales que tienen que sostener un tren de vida, y defender con uñas y dientes un puesto de trabajo para el que no es fácil encontrar repuesto. Véase, si no, la facilidad con la que un ministro, una persona que suele venir avalada por su gestión o por su sabiduría, puede dejar su puesto y volver a su actividad anterior, mientras las listas de parlamentarios se renuevan sin que nadie se acuerde de sus nombres ni sepamos qué han dicho en cuatro años. Sólo lo que han aplaudido y votado. Si se expresan de manera inconveniente les expulsará el partido, jamás el elector.

¿Para cuándo la aplicación del artículo 6 de la Constitución? Transparencia y democracia interna. Las únicas medicinas para hacer que los partidos sean instrumentos nobles de nuestra democracia. Entonces, quizá, querrán volver a la política los que hablan sin leer, los que saben inglés, los que han negociado en las fábricas convenios complejos, o los que han escrito libros de matemáticas o sociología. Sin necesidad de ser ministros.